El meu article a ABC sobre finançament
Avui el diari ABC em publica l'article sobre finançament que transcric a continuació:
El debate sobre la financiación autonómica
En las próximas semanas la ponencia del Parlament encargada de elaborar el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña concluirá sus trabajos por lo que a la primera lectura se refiere. No podemos engañarnos, aún son muchos los puntos pendientes de acuerdo, como no podía ser de otra manera en una negociación de este tipo, más si cabe, teniendo en cuenta la falta de interés que está mostrando en las últimas fechas CiU con Artur Mas a la cabeza, con la manifiesta voluntad de que no sea un President socialista quien impulse la reforma del Estatut.
Entre los temas pendientes, no se le escapa a nadie que hay uno, el de la nueva financiación para Cataluña, que puede decantar la balanza del acuerdo. Y respecto a éste, las opiniones son diversas, en algunos casos contrapuestas, y algunas incluso especialmente malintencionadas. Se dice desde algunos sectores que Cataluña pretende un concierto similar al del País Vasco y lo cierto es que en ningún caso el gobierno catalán ha planteado la adopción de tal sistema. Esa no es la cuestión, lo cierto es que realmente nos encontramos ante una necesidad urgente de solucionar un problema que afecta a todas y cada una de las políticas públicas, y por lo tanto, y lo que es más importante, a la calidad de vida de los ciudadanos.
Son muchos los datos que demuestran que Cataluña tiene un problema grave de financiación, y subrayarlos, incluso repetirlos con insistencia, no nos hace menos solidarios con las regiones menos desarrolladas. Constituye un grave error, cuando no un argumento interesado, centrar el debate en la limitación de la solidaridad. Lo único cierto es que Cataluña necesita de forma urgente mejorar su financiación y debe hacerlo a través de un sistema generalizable que no penalice en exceso a las Comunidades Autónomas con mayor capacidad de crecimiento. Lo esencial en este terreno, aunque algunos no lo quieran ver, es que si Cataluña puede ser más solidaria es porque tiene más capacidad de generar riqueza, y si disminuimos esa capacidad no pierde sólo Cataluña, sino que perdemos todos. Por poner un ejemplo de esa pérdida de competitividad, sólo Asturias, Baleares y Galicia están por debajo de Cataluña en la tasa acumulada de crecimiento del PIB en el periodo 1999-2004. Otro ejemplo claro y sin duda preocupante, es que Cataluña es la cuarta Comunidad Autónoma por lo que a la renta per cápita se refiere si el dato lo miramos antes de pagar impuestos, y sin embargo, se convierte en la sexta si lo hacemos después. Es decir, el sistema fiscal nos hace retroceder dos puestos en renta per cápita por habitante, y con toda probabilidad las mayores beneficiarias no son las CC.AA. que se sitúan en los últimos lugares de la tabla, sino las CC.AA. que se sitúan en los lugares inmediatamente posteriores a Cataluña.
Por lo tanto tenemos la obligación de plantear la cuestión con seriedad y sus puntos concretos deben ser analizados rigurosamente para alcanzar soluciones concretas lo antes posible. En primer lugar, Cataluña necesita mejorar significativamente nuestra financiación para hacer frente a la necesidad de mejorar nuestra competitividad y aprovechar nuestra gran capacidad de crecimiento económico. En este terreno cabe destacar la gran importancia de aumentar nuestro capital físico (infraestructuras). Y por supuesto también para hacer frente a los crecientes déficits sociales como los derivados del impacto de la inmigración, la existencia de bolsas de pobreza y exclusión en nuestras periferias urbanas y en algunos centros históricos, el pavoroso déficit sanitario, la necesidad de abordar la problemática de la dependencia a causa de la edad, discapacidad o problemas de salud, y las nuevas necesidades educativas derivadas de la inminente reforma del sistema y de la demanda ciudadana de plazas de guardería. En segundo lugar, necesitamos un sistema transparente, justo y solidario, es decir, participado por las Comunidades Autónomas, que reduzca diferencias de renta, que ayude más a los que más lo necesitan y, sobre todo, como ya se ha dicho antes y por el bien de todos, que no penalice el esfuerzo fiscal y la capacidad emprendedora de los que más aportan.
El debate sobre la financiación autonómica
En las próximas semanas la ponencia del Parlament encargada de elaborar el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña concluirá sus trabajos por lo que a la primera lectura se refiere. No podemos engañarnos, aún son muchos los puntos pendientes de acuerdo, como no podía ser de otra manera en una negociación de este tipo, más si cabe, teniendo en cuenta la falta de interés que está mostrando en las últimas fechas CiU con Artur Mas a la cabeza, con la manifiesta voluntad de que no sea un President socialista quien impulse la reforma del Estatut.
Entre los temas pendientes, no se le escapa a nadie que hay uno, el de la nueva financiación para Cataluña, que puede decantar la balanza del acuerdo. Y respecto a éste, las opiniones son diversas, en algunos casos contrapuestas, y algunas incluso especialmente malintencionadas. Se dice desde algunos sectores que Cataluña pretende un concierto similar al del País Vasco y lo cierto es que en ningún caso el gobierno catalán ha planteado la adopción de tal sistema. Esa no es la cuestión, lo cierto es que realmente nos encontramos ante una necesidad urgente de solucionar un problema que afecta a todas y cada una de las políticas públicas, y por lo tanto, y lo que es más importante, a la calidad de vida de los ciudadanos.
Son muchos los datos que demuestran que Cataluña tiene un problema grave de financiación, y subrayarlos, incluso repetirlos con insistencia, no nos hace menos solidarios con las regiones menos desarrolladas. Constituye un grave error, cuando no un argumento interesado, centrar el debate en la limitación de la solidaridad. Lo único cierto es que Cataluña necesita de forma urgente mejorar su financiación y debe hacerlo a través de un sistema generalizable que no penalice en exceso a las Comunidades Autónomas con mayor capacidad de crecimiento. Lo esencial en este terreno, aunque algunos no lo quieran ver, es que si Cataluña puede ser más solidaria es porque tiene más capacidad de generar riqueza, y si disminuimos esa capacidad no pierde sólo Cataluña, sino que perdemos todos. Por poner un ejemplo de esa pérdida de competitividad, sólo Asturias, Baleares y Galicia están por debajo de Cataluña en la tasa acumulada de crecimiento del PIB en el periodo 1999-2004. Otro ejemplo claro y sin duda preocupante, es que Cataluña es la cuarta Comunidad Autónoma por lo que a la renta per cápita se refiere si el dato lo miramos antes de pagar impuestos, y sin embargo, se convierte en la sexta si lo hacemos después. Es decir, el sistema fiscal nos hace retroceder dos puestos en renta per cápita por habitante, y con toda probabilidad las mayores beneficiarias no son las CC.AA. que se sitúan en los últimos lugares de la tabla, sino las CC.AA. que se sitúan en los lugares inmediatamente posteriores a Cataluña.
Por lo tanto tenemos la obligación de plantear la cuestión con seriedad y sus puntos concretos deben ser analizados rigurosamente para alcanzar soluciones concretas lo antes posible. En primer lugar, Cataluña necesita mejorar significativamente nuestra financiación para hacer frente a la necesidad de mejorar nuestra competitividad y aprovechar nuestra gran capacidad de crecimiento económico. En este terreno cabe destacar la gran importancia de aumentar nuestro capital físico (infraestructuras). Y por supuesto también para hacer frente a los crecientes déficits sociales como los derivados del impacto de la inmigración, la existencia de bolsas de pobreza y exclusión en nuestras periferias urbanas y en algunos centros históricos, el pavoroso déficit sanitario, la necesidad de abordar la problemática de la dependencia a causa de la edad, discapacidad o problemas de salud, y las nuevas necesidades educativas derivadas de la inminente reforma del sistema y de la demanda ciudadana de plazas de guardería. En segundo lugar, necesitamos un sistema transparente, justo y solidario, es decir, participado por las Comunidades Autónomas, que reduzca diferencias de renta, que ayude más a los que más lo necesitan y, sobre todo, como ya se ha dicho antes y por el bien de todos, que no penalice el esfuerzo fiscal y la capacidad emprendedora de los que más aportan.
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