Exigir una mica de rigor no és demanar massa
Seguint amb la meva reflexió d'ahir mateix, avui podem llegir una crònica de Josep Gisbert a La Vanguardia que contribueix a posar les coses al seu lloc, la transcric sencera en acabar aquesta breu introducció. No es pot frivolitzar sobre les aportacions del PSC al procés d'elaboració de l'Estatut. No són manies, ni pataletes, ni tics centralistes, ni fruit de molts viatges a Madrid. És el rigor, companys. Tots estem d'acord en que el nou Estatut ha d'encaixar en el marc constitucional, al menys això afirmem tots en declaracions públiques. No hauria de ser tan difícil aconseguir-ho. Sols hem de fer cas de l'Informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics sobre el text elaborat per la ponència en primera lectura.
El IEA detecta problemas de inconstitucionalidad en la mitad de las competencias del nuevo Estatut.
El Instituto cree que el Estatut no puede condicionar cómo el Estado ha de ejercer su competencia. El Institut d'Estudis Autonòmics considera que la mitad de las competencias del nuevo Estatut contiene, tal como están redactadas después de la primera lectura de la ponencia del Parlament, problemas de inconstitucionalidad que ve necesario corregir.
JOSEP GISBERT – LA VANGUARDIA – 24/06/2005
El Institut d´Estudis Autonòmics (IEA) ha detectado problemas de inconstitucionalidad en prácticamente la mitad de las competencias del nuevo Estatut tal como han quedado redactadas por los partidos después de la primera lectura, según consta en el informe que ha elaborado al respecto y que es con el que ahora trabaja la ponencia. El informe tiene dos partes, una génerica en la que avala las tipologías establecidas para las competencias de la Generalitat -exclusivas, compartidas, ejecutivas- y otra específica en la que cuestiona, en mayor o menor medida, el contenido de hasta veintisiete de las cincuenta materias reguladas.
Este segundo apartado, de 188 páginas, repasa artículo por artículo el contenido fijado por la ponencia en la primera lectura y señala los puntos en que se producen "excesos competenciales" o "se incurre en inconstitucionalidad", y propone redactados alternativos para corregirlos. El principal problema encontrado hace referencia a la inadecuación de la tipología de la competencia -situarla como exclusiva o compartida cuando, según la Constitución, sólo puede ser compartida o ejecutiva-, lo que lleva al IEA a considerar que "el Estatut condiciona la manera en qué el Estado ha de ejercer su competencia". En la mayor parte de casos entiende que se vulnera el artículo 149 de la Constitución, que es el que determina las competencias exclusivas del Estado y la reserva de competencias para el Estado en las materias no asumidas por las autonomías. El IEA incluso subraya que en algunos casos en que se atribuyen competencias ejecutivas a la Generalitat sólo es posible asumirlas a través de la vía del traspaso de la gestión del 150.2 de la Constitución y no simplemente porque lo diga el Estatut.
La introducción en algunas competencias de que su ejecución por parte del Estado requiere el acuerdo previo de la comisión bilateral Estado-Generalitat o de que en estos casos la opinión de la Generalitat ha de ser vinculante presenta también, a criterio del IEA, problemas de inconstitucionalidad, al entender que "condiciona la competencia" y la convierte en concurrente o compartida cuando la Constitución fija que es exclusiva. El IEA, en este punto, aprovecha para alertar del incremento de funciones que se otorga a la comisión bilateral y advierte que "una sobrecarga de competencias podría darle un poder excesivo incluso en relación con las instituciones de autogobierno y llegar a bloquearla en la práctica".
El informe pone de relieve, por otro lado, la necesidad de comprimir y compactar algunos redactados de la primera lectura, sobre todo para evitar reiteraciones y alguna que otra contradicción, aunque en ocasiones se muestra partidario de mantener un nivel considerable de detalle a partir de la expresión "en todo caso", que califica de "fundamental para evitar la petrificación del contenido de la competencia autonómica, ya que quiere decir que la lista no es exhaustiva". Las principales competencias en las que, tal como están redactadas tras la primera lectura, el IEA detecta problemas de inconstitucionalidad son las siguientes:
CULTURA. A pesar de que en el Estatut vigente es competencia exclusiva de la Generalitat, el IEA cree que en el nuevo no puede serlo, porque el Estado también tiene competencias en la materia. Las competencias sobre el Archivo de la Corona de Aragón tampoco pueden ser exclusivas, porque otras autonomías también tienen competencias.
EDUCACIÓN. La Generalitat no puede tener competencias exclusivas porque las tiene el Estado.
OBRAS PÚBLICAS. La introducción del término "acuerdo previo" de la comisión bilateral Estado-Generalitat para que una obra pública pueda ser calificada de interés general y la participación de la Generalitat en la planificación y programación de estas obras condiciona la competencia estatal.
NOTARÍAS Y REGISTROS. El IEA ve constitucionalmente dudoso definir la competencia como compartida.
PROTECCIÓN DE DATOS. El IEA pide que se precise a qué corporaciones de derecho público catalanas afecta la materia para evitar la extralimitación competencial.
UNIVERSIDADES. La atribución como materia exclusiva de la Generalitat de todo el régimen de acceso y no sólo de la coordinación no tiene en cuenta el artículo 149 de la Constitución, y en relación a los planes de estudio hay que tener en cuenta el principio de autonomía universitaria consagrado por la Constitución.
METEOROLOGÍA. La Generalitat de Catalunya no puede tener competencia exclusiva sobre la meteorología en general, porque la tiene el Estado.
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO. El IEA ve dudoso que la Generalitat pueda tener competencia exclusiva sobre las policías locales y competencias ejecutivas en delitos de crimen organizado y terrorismo sin disponer, en este último caso, de la transferencia previa. El IEA también ve constitucionalmente dudosa la atribución de la presidencia de la Junta de Seguretat de Catalunya a la Generalitat.
Los problemas:
Administraciones públicas de Catalunya
Aguas y obras hidráulicas
Cajas de ahorro
Comercio y ferias
Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de la Seguridad Social
Educación
Estadística
Vivienda
Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual
Notarías y registros
Obras públicas
Infraestructuras del transporte
Protección de datos
Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
Universidades
Ordenación, promoción y planificación económica
Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero
Corporaciones de derecho público y profesiones tituladas
Cultura
Ordenación del territorio, del paisaje y del litoral
Promoción y defensa de la competencia
Organización territorial y régimen local
Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos
Energía y minas
Juego y espectáculos
Medio ambiente, espacios naturales y meteorología
Seguridad pública y tráfico
El informe que remarca la raya
Los partidos utilizan al IEA para justificar sus posiciones en la ponencia del Estatut
Las competencias se han convertido, sin duda, en el principal caballo de batalla, junto a la financiación, del nuevo Estatut. La polémica abierta en los últimos días en el seno de la ponencia del Parlament en torno a su debate, con acusaciones cruzadas de CiU, ERC e ICV-EUiA de que PSC y PP recortan el techo competencial y de PSC y PP a que CiU, ERC e ICV-EUiA se niegan a aceptar los límites constitucionales así lo demuestran.
Unos y otros aluden, en sus argumentaciones, a los criterios aportados por el Institut d´Estudis Autonòmics (IEA), cuyo último informe detectando problemas de inconstitucionalidad en el redactado de las competencias surgido de la primera lectura es el que está sirviendo de base en la discusión actual. Todos lo utilizan y cada cual, lógicamente, a su manera.
El IEA confeccionó los textos que sirvieron de base a los partidos para empezar a redactar el Estatut en primera lectura. Los primeros articulados del IEA apuraban, según siempre había reconocido su director, Carles Viver Pi-Sunyer, el límite de la Constitución, y en el caso de las competencias no eran una excepción. Los partidos, sin embargo, durante la primera lectura se deicaron sin excepción -salvo el PP- a elevar aún más el listón y cometieron, tal y como admiten ahora, excesos. El IEA repasó el texto de la primera lectura y, fruto de ello, emitió el informe en el que detecta las inconstitucionalidades y propone las posibles soluciones para corregirlas, en la línea, generalmente, de recuperar el espíritu de los textos que él mismo había puesto inicialmente a disposición de la ponencia.
El nuevo informe del IEA está sirviendo para la segunda lectura que en realidad está llevando a cabo el grupo de trabajo de la ponencia, pero con interpretaciones muy distintas, que es precisamente lo que ha dado pie a las controversias abiertas en los últimos días. El PSC recurre al informe del IEA para proponer adaptar el texto de las competencias a la Constitución y para plantear un redactado más comprometido que reduzca la excesiva extensión que todos consideran que tiene el nuevo Estatut. El PP secunda esta posición, porque en realidad es la que siempre había defendido desde el principio, pero recibe críticas desde CiU, ERC e ICV-EUiA.
Los socios del Govern y la federación nacionalista consideran que los socialistas aprovechan el informe del IEA para introducir más recortes de la cuenta, extremo que el PSC niega. ERC e ICV-EUiA aceptan, en principio, ajustar el texto a la Constitución, aunque a veces a regañadientes, porque también consideran, sobre todo los republicanos, que igualmente el IEA ha rebajado, en su informe actual, sus planteamientos en relación con los primeros textos que había aportado a la ponencia. CiU, de momento, es la formación que menos parece estar por la labor de que el contenido del nuevo Estatut se avenga a la letra de la Constitución y mantiene, con independencia de lo que diga el IEA, sus planteamientos.
El último informe del IEA se ha situado, pues, en el centro de la polémica, que nada tiene de jurídica y todo de política, y sirve para que todos puedan justificar sus respectivas posiciones. Los partidos lo interpretan según sus intereses, y de ahí las dificultades que salen a luz pública, muy especialmente en los últimos días, para alcanzar acuerdos: "Es lo que pasa cuando con planteamientos jurídicos se buscan soluciones políticas", resume gráficamente un ponente.
El IEA detecta problemas de inconstitucionalidad en la mitad de las competencias del nuevo Estatut.
El Instituto cree que el Estatut no puede condicionar cómo el Estado ha de ejercer su competencia. El Institut d'Estudis Autonòmics considera que la mitad de las competencias del nuevo Estatut contiene, tal como están redactadas después de la primera lectura de la ponencia del Parlament, problemas de inconstitucionalidad que ve necesario corregir.
JOSEP GISBERT – LA VANGUARDIA – 24/06/2005
El Institut d´Estudis Autonòmics (IEA) ha detectado problemas de inconstitucionalidad en prácticamente la mitad de las competencias del nuevo Estatut tal como han quedado redactadas por los partidos después de la primera lectura, según consta en el informe que ha elaborado al respecto y que es con el que ahora trabaja la ponencia. El informe tiene dos partes, una génerica en la que avala las tipologías establecidas para las competencias de la Generalitat -exclusivas, compartidas, ejecutivas- y otra específica en la que cuestiona, en mayor o menor medida, el contenido de hasta veintisiete de las cincuenta materias reguladas.
Este segundo apartado, de 188 páginas, repasa artículo por artículo el contenido fijado por la ponencia en la primera lectura y señala los puntos en que se producen "excesos competenciales" o "se incurre en inconstitucionalidad", y propone redactados alternativos para corregirlos. El principal problema encontrado hace referencia a la inadecuación de la tipología de la competencia -situarla como exclusiva o compartida cuando, según la Constitución, sólo puede ser compartida o ejecutiva-, lo que lleva al IEA a considerar que "el Estatut condiciona la manera en qué el Estado ha de ejercer su competencia". En la mayor parte de casos entiende que se vulnera el artículo 149 de la Constitución, que es el que determina las competencias exclusivas del Estado y la reserva de competencias para el Estado en las materias no asumidas por las autonomías. El IEA incluso subraya que en algunos casos en que se atribuyen competencias ejecutivas a la Generalitat sólo es posible asumirlas a través de la vía del traspaso de la gestión del 150.2 de la Constitución y no simplemente porque lo diga el Estatut.
La introducción en algunas competencias de que su ejecución por parte del Estado requiere el acuerdo previo de la comisión bilateral Estado-Generalitat o de que en estos casos la opinión de la Generalitat ha de ser vinculante presenta también, a criterio del IEA, problemas de inconstitucionalidad, al entender que "condiciona la competencia" y la convierte en concurrente o compartida cuando la Constitución fija que es exclusiva. El IEA, en este punto, aprovecha para alertar del incremento de funciones que se otorga a la comisión bilateral y advierte que "una sobrecarga de competencias podría darle un poder excesivo incluso en relación con las instituciones de autogobierno y llegar a bloquearla en la práctica".
El informe pone de relieve, por otro lado, la necesidad de comprimir y compactar algunos redactados de la primera lectura, sobre todo para evitar reiteraciones y alguna que otra contradicción, aunque en ocasiones se muestra partidario de mantener un nivel considerable de detalle a partir de la expresión "en todo caso", que califica de "fundamental para evitar la petrificación del contenido de la competencia autonómica, ya que quiere decir que la lista no es exhaustiva". Las principales competencias en las que, tal como están redactadas tras la primera lectura, el IEA detecta problemas de inconstitucionalidad son las siguientes:
CULTURA. A pesar de que en el Estatut vigente es competencia exclusiva de la Generalitat, el IEA cree que en el nuevo no puede serlo, porque el Estado también tiene competencias en la materia. Las competencias sobre el Archivo de la Corona de Aragón tampoco pueden ser exclusivas, porque otras autonomías también tienen competencias.
EDUCACIÓN. La Generalitat no puede tener competencias exclusivas porque las tiene el Estado.
OBRAS PÚBLICAS. La introducción del término "acuerdo previo" de la comisión bilateral Estado-Generalitat para que una obra pública pueda ser calificada de interés general y la participación de la Generalitat en la planificación y programación de estas obras condiciona la competencia estatal.
NOTARÍAS Y REGISTROS. El IEA ve constitucionalmente dudoso definir la competencia como compartida.
PROTECCIÓN DE DATOS. El IEA pide que se precise a qué corporaciones de derecho público catalanas afecta la materia para evitar la extralimitación competencial.
UNIVERSIDADES. La atribución como materia exclusiva de la Generalitat de todo el régimen de acceso y no sólo de la coordinación no tiene en cuenta el artículo 149 de la Constitución, y en relación a los planes de estudio hay que tener en cuenta el principio de autonomía universitaria consagrado por la Constitución.
METEOROLOGÍA. La Generalitat de Catalunya no puede tener competencia exclusiva sobre la meteorología en general, porque la tiene el Estado.
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO. El IEA ve dudoso que la Generalitat pueda tener competencia exclusiva sobre las policías locales y competencias ejecutivas en delitos de crimen organizado y terrorismo sin disponer, en este último caso, de la transferencia previa. El IEA también ve constitucionalmente dudosa la atribución de la presidencia de la Junta de Seguretat de Catalunya a la Generalitat.
Los problemas:
Administraciones públicas de Catalunya
Aguas y obras hidráulicas
Cajas de ahorro
Comercio y ferias
Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de la Seguridad Social
Educación
Estadística
Vivienda
Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual
Notarías y registros
Obras públicas
Infraestructuras del transporte
Protección de datos
Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
Universidades
Ordenación, promoción y planificación económica
Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero
Corporaciones de derecho público y profesiones tituladas
Cultura
Ordenación del territorio, del paisaje y del litoral
Promoción y defensa de la competencia
Organización territorial y régimen local
Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos
Energía y minas
Juego y espectáculos
Medio ambiente, espacios naturales y meteorología
Seguridad pública y tráfico
El informe que remarca la raya
Los partidos utilizan al IEA para justificar sus posiciones en la ponencia del Estatut
Las competencias se han convertido, sin duda, en el principal caballo de batalla, junto a la financiación, del nuevo Estatut. La polémica abierta en los últimos días en el seno de la ponencia del Parlament en torno a su debate, con acusaciones cruzadas de CiU, ERC e ICV-EUiA de que PSC y PP recortan el techo competencial y de PSC y PP a que CiU, ERC e ICV-EUiA se niegan a aceptar los límites constitucionales así lo demuestran.
Unos y otros aluden, en sus argumentaciones, a los criterios aportados por el Institut d´Estudis Autonòmics (IEA), cuyo último informe detectando problemas de inconstitucionalidad en el redactado de las competencias surgido de la primera lectura es el que está sirviendo de base en la discusión actual. Todos lo utilizan y cada cual, lógicamente, a su manera.
El IEA confeccionó los textos que sirvieron de base a los partidos para empezar a redactar el Estatut en primera lectura. Los primeros articulados del IEA apuraban, según siempre había reconocido su director, Carles Viver Pi-Sunyer, el límite de la Constitución, y en el caso de las competencias no eran una excepción. Los partidos, sin embargo, durante la primera lectura se deicaron sin excepción -salvo el PP- a elevar aún más el listón y cometieron, tal y como admiten ahora, excesos. El IEA repasó el texto de la primera lectura y, fruto de ello, emitió el informe en el que detecta las inconstitucionalidades y propone las posibles soluciones para corregirlas, en la línea, generalmente, de recuperar el espíritu de los textos que él mismo había puesto inicialmente a disposición de la ponencia.
El nuevo informe del IEA está sirviendo para la segunda lectura que en realidad está llevando a cabo el grupo de trabajo de la ponencia, pero con interpretaciones muy distintas, que es precisamente lo que ha dado pie a las controversias abiertas en los últimos días. El PSC recurre al informe del IEA para proponer adaptar el texto de las competencias a la Constitución y para plantear un redactado más comprometido que reduzca la excesiva extensión que todos consideran que tiene el nuevo Estatut. El PP secunda esta posición, porque en realidad es la que siempre había defendido desde el principio, pero recibe críticas desde CiU, ERC e ICV-EUiA.
Los socios del Govern y la federación nacionalista consideran que los socialistas aprovechan el informe del IEA para introducir más recortes de la cuenta, extremo que el PSC niega. ERC e ICV-EUiA aceptan, en principio, ajustar el texto a la Constitución, aunque a veces a regañadientes, porque también consideran, sobre todo los republicanos, que igualmente el IEA ha rebajado, en su informe actual, sus planteamientos en relación con los primeros textos que había aportado a la ponencia. CiU, de momento, es la formación que menos parece estar por la labor de que el contenido del nuevo Estatut se avenga a la letra de la Constitución y mantiene, con independencia de lo que diga el IEA, sus planteamientos.
El último informe del IEA se ha situado, pues, en el centro de la polémica, que nada tiene de jurídica y todo de política, y sirve para que todos puedan justificar sus respectivas posiciones. Los partidos lo interpretan según sus intereses, y de ahí las dificultades que salen a luz pública, muy especialmente en los últimos días, para alcanzar acuerdos: "Es lo que pasa cuando con planteamientos jurídicos se buscan soluciones políticas", resume gráficamente un ponente.
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