Para pactar se debe antes escuchar

A continuació us transcric el meu article publicat avui al diari ABC

PARA PACTAR SE DEBE ANTES ESCUCHAR

La alegría de los socialistas catalanes el pasado día 30 de septiembre cuando el Parlament de Cataluña aprobaba por 120 votos a favor y 15 en contra la propuesta de proposición de Ley Orgánica para la reforma del Estatuto de Cataluña ha sido matizada por dos razones.

La primera era el convencimiento de que, incluso antes de haber sido leído y analizado, el proyecto iba a recibir la crítica feroz de aquéllos que no sólo discrepan de este Estatuto, sino que recelan de cualquier reforma que profundice en el Estado de las Autonomías. Crítica que ha llegado, durante la discusión de la Mesa del Congreso de los Diputados, hasta el punto de proponer que ni siquiera se entrase a discutir su admisión a trámite en el Pleno de la Cámara. ¡Y eso que se trata de una propuesta avalada por el 90 por ciento de los miembros del Parlamento catalán!

La segunda razón reside en el hecho de que, mientras el resto de partidos políticos que votaron a favor del Estatuto sabían que su trabajo había culminado, los socialistas catalanes éramos conscientes de la enorme responsabilidad que contraíamos a partir de aquel momento. La que corresponde a nuestro peso político en el Congreso de los Diputados, con más diputados (21) que CiU (10), ERC (8) e Iniciativa (2) juntos y, a través del PSOE, con influencia decisiva en el primer partido de España, imprescindible para que la propuesta sea finalmente aprobada.

En estos momentos, dedicamos ingentes esfuerzos a la tarea de explicación de la propuesta, ya que muchos se han propuesto deformar el texto aprobado hasta hacerlo irreconocible, mientras otros se arrogan facultades de Tribunal Constitucional ejerciendo más bien de tribunal inquisitorial. Conviene, pues, profundizar en los elementos que mayor polémica han generado.

¿Es Cataluña una nación? Creemos que sí, como creemos que toda nación es plural, que en un Estado caben varias naciones, que no toda nación precisa de ser Estado, o que España es una nación de naciones. La cuestión es: ¿es inconstitucional el artículo 1 que establece que «Cataluña es una nación»? Creemos que la definición de Cataluña como nación es acorde con la Constitución española de 1978. El artículo 2 de nuestra Carta Magna garantiza, dentro de la «indisoluble unidad de la Nación española», «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que integran la Nación española». El Consejo Consultivo de la Generalitat, máximo órgano consultivo catalán, formado por siete prestigiosos juristas, estableció en su dictamen de 1 de septiembre de 2005 que «nación» es un «concepto polisémico que ha tenido diversas acepciones y que no siempre se ha identificado con la idea de Estado, sino que también se ha definido desde la vertiente cultural, sociológica y también jurídica, sin que se deduzca una única definición en cada uno de estos campos del saber». Para estudiar la constitucionalidad de esta definición de Cataluña, el Consejo Consultivo también profundizó en los trabajos preparatorios de la Constitución de 1978 y afirmó que: «De acuerdo con una interpretación auténtica de la Constitución, la mayoría de los parlamentarios que intervinieron en las sesiones correspondientes del debate constituyente entendían que nación y nacionalidad eran lo mismo, es decir, conceptos idénticos e intercambiables». También el Consejo Consultivo indica que si el término de nación recogido en la propuesta de Estatuto pretendiese atribuir a Cataluña elementos de soberanía política, sería inconstitucional. Dado que el mismo artículo 1 de la propuesta de Estatuto establece que «Cataluña ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución», no cabe dudar de su constitucionalidad.

La otra gran polémica es la de la financiación. Los socialistas catalanes defendimos recoger también en esa materia las recomendaciones hechas por el Consejo Consultivo; por ello tuvimos que modificar nuestra propia propuesta en dos puntos concretos y no aceptamos el modelo de CiU, que el Consejo rechazó. Ni privilegios, ni concierto económico, ni cupo. Así, la Agencia Tributaria de Cataluña colaborará con la administración tributaria del Estado, no siendo absolutamente independiente de ella como pretendía CiU; la aportación a la Hacienda del Estado se fijará a través de porcentajes acordados sobre el rendimiento de los impuestos pagados en Cataluña y, por lo tanto, no es un cupo o una cuota como pretendía CiU; y la propuesta recoge, de forma específica, la participación en mecanismos multilaterales de solidaridad, lo que tampoco ocurre en un sistema de concierto. Es, pues, un sistema de financiación generalizable. Sin establecer fórmulas concretas, que corresponden a acuerdos tomados por las instituciones y organismos económico-fiscales de carácter bilateral y multilateral, se propone que el cálculo de la aportación para financiar los gastos del Estado para el desarrollo de sus servicios y competencias se realice fundamentalmente a partir de criterios de población. En cambio, para definir la aportación a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación previstos en la Constitución, se propone garantizar el principio de que todas las Comunidades Autónomas puedan prestar un nivel de servicios similar si realizan un esfuerzo fiscal similar, y se afirma que el mayor esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Cataluña se debe traducir en mayores recursos para la Generalitat, y que la aplicación de los mecanismos de nivelación no puede alterar la posición de Cataluña en la clasificación de renta per cápita de las Comunidades Autónomas. Así, Cataluña no sólo seguirá siendo solidaria, sino que, al no ver cercenadas sus posibilidades de crecimiento, seguirá siendo tan solidaria como haga falta por tanto tiempo como haga falta.

¿Es un Estatuto discutible? Sí, como cualquier propuesta de reforma. ¿Merece el respeto de ser discutido? Sí, como cualquier propuesta que se haya tramitado de acuerdo a los procedimientos establecidos, velando con carácter previo por su constitucionalidad y, habiendo recibido un soporte tan amplio. ¿Es un Estatuto que pone en riesgo la unidad de España? De ninguna manera, la unidad de España sólo se pone en peligro por quienes no quieren escuchar, quienes no están dispuestos a negociar y quienes se niegan a acordar un tema tan trascendental para el futuro de España como éste.