De nuevo, la figura del Tribunal Constitucional, que va a empezar a ocuparse
del asunto, se revela indispensable en nuestro entramado jurídico
Filesa, el Supremo y el PSOE
CUANDO EL LEGISLADOR PREVIO que las causas que afectaran a aforados tendrían
que ser instruidas y vistas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, arrojó
sobre esta instancia una inmensa tensión, aumentada luego por la teoría
socialista de que no hay responsabilidades políticas asumibles sin
sentencias judiciales firmes. El curso que ha seguido el caso Filesa en el
Supremo pone de manifiesto las imperfecciones de este sistema legal. Un
procedimiento irónicamente calificado como abreviado ha tardado seis años en
ser instruido y ha concluido con una resolución en la que media un abismo
entre los hechos probados y las penas impuestas en razón de aquéllos.
El relato de hechos es suficientemente preciso y claro como para que la
petición de excusas a los ciudadanos realizada por el secretario general del
PSOE, Joaquín Almunia, esté más que justificada. Es lo mínimo que puede
hacer el PSOE a estas alturas, después de haber tratado de negar o regatear
responsabilidades durante años. Existió un entramado de empresas para
financiar ilegalmente al Partido Socialista, receptor de fondos por informes
supuestamente técnicos que nunca se realizaron. La investigación no ha
podido esclarecer si los pagos por esos informes fueron compensados desde la
Administración gestionada entonces por el PSOE. Pero no hace falta comprobar
la existencia de ese trato de favor para concluir que el PSOE se prevalió de
su situación de entonces, cuando llevaba ya siete años de mayoría absoluta,
con objeto de obtener fondos privados para su financiación.
La responsabilidad política contraída en este asunto resulta, pues,
innegable, y en este sentido se echa en falta una actitud más resuelta de
los máximos representantes de la antigua dirección socialista. Cuando
Alfonso Guerra afirma que el de Filesa ha sido un juicio político, o cuando
Felipe González circunscribe su análisis a lo desproporcionado de las penas,
están realizando valoraciones reduccionistas y a la defensiva, en momentos
en que poco tienen ya de qué defenderse. La historia de los casi catorce
años de gobierno socialista es mucho más que la contenida en los sumarios de
los GAL y Filesa, pero actitudes como las descritas van a conseguir que, al
final, a muchos ciudadanos les parezca que entre 1982 y 1996 sólo hubo una
secuencia de escándalos.
A los dirigentes de la anterior etapa socialista les resultaría
especialmente exigible otra actitud, precisamente porque ellos elaboraron la
teoría de que las responsabilidades políticas debían dimanar de los hechos
probados en las sentencias. Con ello, y sin pretenderlo, colaboraron a poner
en marcha un mecanismo diabólico, porque el PP se vio así alentado en su
estrategia de llevar la tarea de oposición a los tribunales. Que el PP haya
actuado como acusación particular en el proceso de Filesa ha teñido todo el
asunto de lucha partidista y ha trasladado al Supremo una gran tensión
política.
A la vista de la sentencia, de los tipos aplicados --esa curiosa asociación
ilícita por la que se condena al ex senador Josep Maria Sala-- y de la
desproporción entre hechos y penas, se concluye con facilidad que ha faltado
en el Supremo la suficiente serenidad como para enjuiciar con gran
equilibrio los hechos. Tanto lo ocurrido en la fase inmediatamente anterior
al juicio oral --las acusaciones de prevaricación dirigidas contra la Sala
Segunda por haber dejado fuera del proceso a parte de los acusados--, como
lo sucedido en los últimos días, en relación con la ejecución o no de las
penas, confirman la impresión de inseguridad y bandazos del Supremo en este
asunto. Es probable que nada de esto hubiera ocurrido del mismo modo hace
unos años, cuando dicha Sala estaba presidida por Enrique Ruiz Vadillo,
quien a su solvencia jurídica unía un muy desarrollado sentido de la
prudencia.
Muchos ciudadanos, en suma, pensarán que, con su sentencia sobre Filesa, el
Supremo ha dejado sentados unos hechos efectivamente delictivos, pero no ha
llevado a cabo una gran labor de realización de la justicia. De nuevo, la
figura institucional del Tribunal Constitucional, que ahora va a empezar a
ocuparse del asunto, se revela indispensable en nuestro entramado jurídico.
JOSÉ MARIA BRUNET
Copyright La Vanguardia 1997