El fiscal solicita al Constitucional que excarcele al ex senador socialista Josep Maria Sala
BONIFACIO DE LA CUADRA, Madrid
El fiscal informó ayer al Tribunal Constitucional a favor de la puesta
en libertad del ex senador socialista Josep María Sala, condenado a
tres años de cárcel en el caso Filesa (financiación irregular del
PSOE), mientras se tramita el recurso de amparo, ya admitido por el
alto tribunal. En cambio, se opone a la excarcelación del ex diputado
Carlos Navarro, condenado por el Tribunal Supremo en el mismo caso a
11 años. El Constitucional decidirá la próxima semana sobre la
suspensión de sus condenas solicitadas por ambos.
Los dos informes presentados ayer por el fiscal jefe ante
el Tribunal Constitucional, José Julián Hernández Guijarro, dentro de la
llamada pieza separada de suspensión (procedimiento
específico para decidir si se suspende una condena), tienen en cuenta
"la distinta naturaleza y extensión de las penas y la doctrina del
Tribunal Constitucional en materia de suspensión de la ejecución de
las resoluciones impugnadas", según fuentes oficiales de la Fiscalía
General del Estado.
De acuerdo con ese análisis, el fiscal ha dictaminado favorablemente
la puesta en libertad de Sala, condenado a tres años de cárcel por
asociación ilícita y falsedad en documento mercantil, y "la
improcedencia" de adoptar esa medida respecto a Navarro, condenado a
11 años por asociación ilícita, delito continuado de falsedad
documental y delito fiscal.
El criterio en el que, según informó ayer La Vanguardia , fundamenta
el fiscal su diferente posición respecto a uno y otro es la cuantía de
la pena de privación de libertad, sobre la base de que la frontera
establecida por la doctrina del alto tribunal es los seis años, a los
que Sala no llega mientras que Navarro los sobrepasa. El mismo
rotativo no ve clara esa doctrina cuando, como ocurre en el caso de
Navarro, sus 11 años de prisión son resultado de la suma de tres
delitos, ninguno de los cuales sobrepasa los seis años.
Cárcel e "intereses generales"
Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron ayer a este periódico
que la decisión que adopte la semana próxima su Sala Segunda tendrá en
cuenta, más que la cuantía de las condenas, la perturbación de los
intereses generales que la suspensión del cumplimiento de una condena
pueda significar. Las mismas fuentes recordaron una resolución de 19
de marzo de 1986 en la que, tras reconocerse que "la suspensión de una
sentencia judicial implica, en sí misma, la perturbación de los
intereses generales", se añade que "la gravedad de esta perturbación
debe ser, sin embargo, ponderada con la que para la libertad de los
recurrentes implica el cumplimiento de una condena de prisión".
La doctrina indicada se completa con el criterio de que cuando el
propio tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda de lo Penal
del Tribunal Supremo, ha mantenido en libertad provisional a los ahora
condenados, es procedente la excarcelación, ya que "parece
decididamente mayor el daño" que para los recurrentes implica la
permanencia en prisión "que el que para el interés general pueda
resultar de la suspensión, durante el tiempo que se tramita el
recurso, de la sentencia recurrida", según la resolución antes citada.
No cabe, pues, descartar, la suspensión de la condena de Navarro a
pesar del informe desfavorable del fiscal.
En cuanto a la posible puesta en libertad de los otros cuatro
condenados que se encuentran en prisión por el caso Filesa -Luis
Oliveró y Alberto Flores, con penas de 10 años, y Aida Alvarez y
Miguel Molledo, con dos años y cuatro meses-, las fuentes indicadas
señalaron que la suspensión de la condena no depende tanto de la
entidad de las penas como de la admisión o no a trámite de sus
recursos de amparo.
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