Sala se querella contra los jueces que le condenaron
El exdiputado del PSC acusa al Supremo de prevaricación por la sentencia de Filesa que tilda de "intrínsecamente injusta"
EL PERIODICO
Madrid
El exsenador socialista Josep Maria Sala se querelló ayer contra los jueces del Tribunal Supremo que le condenaron a tres años de cárcel y seis de inhabilitación por el caso Filesa. Sala considera que esa resolución es "intrínsecamente injusta". Tanto él como el resto de los condenados en ese proceso están a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo que presentaron contra la sentencia del Supremo.
La querella va dirigida contra el aspirante a la presidencia de la Sala Segunda del alto tribunal, Luis Román Puerta, y el magistrado suplente José Augusto de Vega. El tercer miembro del tribunal del caso Filesa, Ramón Montero, falleció el pasado agosto.
En la querella, Sala acusa a los jueces de haber dado muestras "de un autoritarismo absolutamente reñido con la justicia, en la vana creencia de que nadie va a clamar por la injusticia en la que han incurrido". Asimismo, explica que realiza esas manifestaciones para defender sus intereses.
El letrado del exsenador, José María Cánovas, autor del escrito de querella, expresa su consternación por ver cómo "la más alta magistratura ha proclamado la culpabilidad de un inocente, con las naturales consecuencias (...) para quien con toda honestidad ha consagrado su vida al logro de unos ideales políticos".
Sala indica a los jueces del Tribunal Supremo que "siempre ha exteriorizado" su confianza en la justicia. Y recuerda que no se ha acogido a la vía de la petición de gracia como han hecho los también condenados Carlos Navarro y Alberto Flores.
La querella sostiene que la sentencia del caso Filesa se encuentra "ayuna" de motivación, por basar la condena del senador "en hechos distorsionados y objetivamente inciertos, y por aplicarle el derecho de manera discriminatoria".
Los querellantes aseguran que el poder judicial --"no elegido democráticamente", precisan-- sólo se legitima si sus resoluciones son un fiel exponente del Derecho. "Sólo si los tribunales --dice la querella-- aplican rectamente la ley, los ciudadanos pueden configurar o planificar su propio hacer social sobre bases racionales; en caso contrario, el aparato judicial se convierte en una potencial amenaza para la seguridad jurídica".
Pruebas rechazadas
Por ello, el escrito afirma que, para una sociedad "democráticamente estructurada, una resolución judicial fruto del error (...) es un grosero atentado a la seguridad jurídica". Asimismo, alega que el justiciable que articula medios para probar su inocencia "debe conocer las razones por las que sus pruebas no han surtido el efecto esperado".
El letrado del senador imputa a los jueces del Tribunal Supremo un delito de prevaricación. Entiende que "es injusta una sentencia cuando no puede explicarse mediante una interpretación razonable". Además, sostiene que, en este caso, ha habido un "torcimiento" del Derecho, porque se han consignado en la sentencia "la ejecución de conductas sin correspondencia con la realidad material o de todo punto alejadas de la actividad probatoria desplegada en el juicio".
El Supremo condenó en 1997 a Sala a 3 años de cárcel; a Carlos Navarro, a 11 años de prisión; a Lluís Oliveró y a Alberto Flores, a 10 años de prisión; a Aida Alvarez y Angel Molledo, a 2 años; y a los empresarios Juan Antonio Molina y Eugenio Marín, a 6 meses de cárcel por la financiación ilegal del PSOE.
La condena, calificada de "pirueta en el vacío"
La querella se presenta porque los jueces del Tribunal Supremo basaron la condena del exsenador socialista Josep Maria Sala en unos hechos que, juicio del condenado, no se ajustan a la realidad. En concreto, el escrito denuncia que los magistrados acusaron a Sala de haber firmado el acta de la reunión de la junta de accionistas de Time Export de 30 de septiembre de 1987.
Los jueces también justificaron su fallo porque entendieron que en esa reunión el exsenador nombró a Carlos Navarro presidente de Time Export, y que Sala influyó indirectamente en la confección y emisión por parte de Time Export de una factura a Focsa el 19 de julio de 1988.
En cambio, la querella afirma que el exsenador no firmó ese acta de la junta de accionistas. "Basta la lectura de la aludida acta para llegar a dicha conclusión", dice la demanda. Por ello, en la querella se asegura que los jueces han dado "por cierto lo que no lo era, faltando así a la verdad objetiva". Los demandantes estiman que el Supremo justificó "ante la opinión pública" la condena a Sala con "una pirueta en el vacío".
Asimismo, critican que no se haya hecho constar en la sentencia en
qué
consistió la influencia indirecta de Sala en la
confección
de la factura.
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