Suspensión de la condena del exsenador
Sala, Filesa y los que están libres
Por Navidad no estarán todos los condenados de Filesa en
casa, pero sí el exsenador y exdiputado en el Parlament Josep
Maria Sala. Ayer salió de la cárcel después de que pocas
horas antes le fuese comunicada la suspensión temporal de la
sentencia por el Tribunal Constitucional.
Esta decisión, que llega después de que el Tribunal Supremo
no quisiese o no se atreviese a dar ese mismo paso, es
razonable. Responde a un doble dato: a que por la levedad de
la pena --tres años-- y por el tiempo que exige la
tramitación del recurso de amparo presentado, Sala podría
consumir en la cárcel el tiempo de su sentencia y enterarse
después de que la sanción cumplida era abusiva e
improcedente.
Como se recordará, el Supremo ha sido la única instancia que
ha juzgado a Sala, de modo que éste no ha tenido derecho a la
tradicional posibilidad de apelar formalmente a una instancia
superior a la que ha dictado el veredicto condenatorio. El
Tribunal Constitucional no tiene esas características
respecto al Supremo, aunque, en cambio, está en situación de
determinar si la decisión de cualquier instancia jurídica se
ajusta o no a la doctrina que emana de la Carta Magna. Eso es
lo que hará, pues ya ha aceptado a trámite el procedimiento,
aunque tardará bastante tiempo en dictar su opinión. Por eso
ha procedido ahora a la suspensión provisional del
encarcelamiento.
Los condenados por el caso Filesa presentaron recurso al
Tribunal Constitucional contra la negativa del Supremo a
suspender la ejecución de la sentencia hasta que se
confirmase la condena. El Supremo había ordenado de manera
poco lógica y con un celo infrecuente la inmediata ejecución
de la sentencia. Si alguien tenía ganas de ver la foto de un
senador socialista entrando en la cárcel quedó satisfecho,
aunque la extremada dignidad con que Josep Maria Sala llegó
voluntariamente a Can Brians, pese a discrepar de la medida,
llamó la atención de la mayor parte de la gente decente de
este país.
Ahora que Sala está en casa, vale la pena recordar que no
está nada claro que su encarcelación respondiese a una
lectura seria y con sentido común de la justicia, máxime
cuando su sentencia tenía dos lunares muy inquietantes. Se le
condenó a partir de una prueba --una firma en un documento--
inexistente, y se le dictó cárcel con una tipificación
--asociación ilicita-- que nunca había sido interpretada por
nuestros tribunales de la forma como ahora, en este tiempo en
que la justicia española tiene apellidos del tipo de Mariscal
de Gante, Cardenal y Fungairiño, se ha aplicado a este
dirigente socialista. En este sentido, el Tribunal
Constitucional nos ahorra, como país, la posibilidad de un
enorme escándalo judicial si al final se aceptan las razones
de Sala.
Pero hay algo más. Creemos que el mismo tribunal debe
extender la suspensión de la condena a los demás encarcelados
por Filesa, aunque por razones distintas. Ellos tienen
sentencias inapelables y sólo pueden aspirar al indulto (Sala
se negó a pedirlo para que nadie pudiese creer que reconocía
su culpabilidad en los hechos que le han sido imputados). En
un asunto como el de la financiación ilícita de los partidos
políticos, que salpica a todas las formaciones y de la cual
se han escapado gracias a cuestiones procedimentales y
simplemente formales quienes han sido sorprendidos en ello
perteneciendo a partidos que no fuesen el PSOE, el gesto de
la condena ya simboliza por sí solo y de manera suficiente
que esas prácticas eran inaceptables. No es necesario --a
efectos de lección para los demás, o por el peligro social
que comportan las personas concretas encarceladas o para que
aprendan modales y se rehabiliten-- que los otros implicados
tengan que seguir en sus celdas mientras los secretarios
generales y los responsables de finanzas de todos los
partidos están en sus casas o en la presidencia del Gobierno.
Basta de hipocresía. Para la sociedad, lo de menos es que
estos condenados estén dentro o fuera. Lo que importa es que
se tramite de una vez una ley que permita una financiación
transparente de los partidos. Ellos, durante los años de
espera de la sentencia, ya han pagado humanamente un precio
alto. Estaría bien que quedase en suspenso su condena hasta
que el conjunto de las fuerzas políticas resuelva de una
forma decorosa y seria el problema cuando se apruebe la ley
pendiente.
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