CASOS DE FINANCIACION IRREGULAR DE OTROS PARTIDOS POLITICOS: UNA CLARA DESIGUALDAD DE TRATAMIENTO JURIDICO-PENAL Y POLITICO

 

Los trapitos de la financiación

 

La sentencia de Filesa no eclipsa que PP, PNV

y Convergència obtuvieron ingresos irregulares

 

BLAI FELIP

Barcelona

 

La sentencia del caso Filesa ha dejado sin aliento al PSOE. Este ha sido el

fallo más contundente de la justicia por la financiación irregular de los

partidos. Pero este caso, que ha afectado de lleno al PSOE, no eclipsa otros

escándalos similares. En el Partido Popular, por ejemplo, las sospechas de

financiación irregular tuvieron en los casos Naseiro y Sóller dos claros

ejemplos de cómo escapar a la condena gracias a una "argucia" legal.

La financiación irregular de los partidos afecta, sobre todo, a los que

están en el poder. Por eso, también CiU --caso Casinos-- y PNV --caso de las

tragaperras-- se han visto envueltos por el manto de la sospecha. Estos son,

en resumen, los casos conocidos más graves, equiparables en muchos aspectos

al de Filesa, excepto en la dureza de la sentencia.

 

Destapado en abril de 1990. Se produce a partir de una investigación

judicial relacionada con el tráfico de drogas, pero las escuchas de la

policía descubren indicios de operaciones ilegales destinadas a forzar a

empresas inmobiliarias a pagar al PP para poder construir. En el caso

estuvieron implicados, entre otros, Rosendo Naseiro, ex tesorero del PP y

hombre de confianza de Manuel Fraga; el diputado popular Angel Sanchís, y el

concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop. De los diálogos,

algunos de ellos crípticos, se deduce que Sanchís y Palop pudieron desviar

hacia sus bolsillos fondos presuntamente destinados al partido. Nunca se ha

conocido la cantidad exacta de dinero que el PP obtuvo por esta vía, pero a

juzgar por las cintas se trataría de centenares de millones.

El fiscal del Supremo encargado del caso pidió tres meses de cárcel y nueve

años de inhabilitación para Sanchís y Palop y tres meses de cárcel y cuatro

de inhabilitación para Naseiro por el delito de conspiración para el

cohecho. Estas peticiones quedan muy lejos de la condena de 11 años para

Carlos Navarro, los 10 años de prisión para Alberto Flores y Lluís Oliveró,

o de los tres años para Josep Maria Sala, acusados de formar parte de una

asociación ilícita por el caso Filesa.

En junio de 1992 el caso se archivó cuando el Supremo rechazó la prueba

inculpatoria principal del caso Naseiro, las cintas telefónicas, por

entender que no funcionaban como prueba porque se habían pedido para

investigar un delito de narcotráfico y no uno de cohecho.

 

CASO DE LA CONSTRUCCION

El 7 de mayo de 1992 la Audiencia Provincial de Burgos hizo pública la

condena a 12 años de inhabilitación y siete de suspensión de cargo público

al entonces alcalde de Burgos, José María Peña (PP), por los delitos de

prevaricación continuada, revelación de secretos y denegación de auxilio a

la autoridad. Junto a Peña fueron condenados tres ediles del PP y el

constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, éste a siete años y tres meses de

prisión por falsedad de documentos públicos y privados, estafa y desacato.

Méndez Pozo era amigo de Peña y asesoró en cuestiones urbanísticas a José

María Aznar cuando éste era presidente de Castilla y León.

La sentencia ratificó que los acusados habían beneficiado a Méndez Pozo,

otorgándole la mayor parte de las licencias de construcción. Aunque en el

juicio no se estableció ninguna relación directa entre Méndez Pozo y la

financiación del PP, empresarios del sector y revelaciones periodísticas

apuntaron que el constructor pagaba, a cambio del trato de favor, un "peaje"

que entraba en las arcas del PP en Castilla y León.

 

CASO DE LA MINERIA

En julio de 1995 el Tribunal Supremo condenó a ocho años de inhabilitación

por prevaricación continuada a Miguel Angel Pérez Villar, ex senador y

consejero de Economía cuando José María Aznar presidía Castilla y León. La

sentencia consideró probado que el ex consejero, con la complicidad de

Javier Valenzuela, director general de la consejería, subvencionó

ilegalmente a compañías mineras, algunas de las cuales estaban asesoradas

por un gabinete dirigido por la esposa de Pérez Villar.

 

Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, vio

frenada su caciquil manera de entender la política cuando el Tribunal

Superior de Justicia de Cantabria le condenó en octubre de 1994 a seis años

de prisión mayor y 14 de inhabilitación por prevaricar y malversar caudales

públicos. Junto a Hormaechea, que gobernó la comunidad con el apoyo firme

del PP, fueron condenados el ex presidente de esta formación en Cantabria

Roberto Bedoya y otros dos consejeros, el de Sanidad y Obras Públicas y el

de Economía. El fallo afirma que el Gobierno no cumplía "los más elementales

trámites exigidos por la ley". La oposición siempre reclamó a Hormaechea

dónde fueron a parar los millones de más que costaron algunos de sus

proyectos, como el parque zoológico de Cabárceno --que pasó de los mil

millones previstos a 6.000-- o el tramo Tojo-Bárcena, que de los 39 millones

iniciales alcanzó los 1.700.

 

Según la denuncia presentada por el presidente de la Diputación de Zamora,

Antolín Martín, suspendido de militancia del PP, los dirigentes populares

que gobernaron este organismo de 1987 a 1991 cobraban el "impuesto" de dos

millones de pesetas y el 8 % de comisión de cada obra pública para financiar

el partido. En aquel tiempo, el presidente de la Diputación era Luis Cid

Fontán, citado por Eduardo Corrales, empresario y ex militante del PP, como

uno de los encargados de las operaciones. Antolín Marín acusa, entre otros,

a José Manuel Peñalosa, ex vicepresidente de la Diputación de Zamora y

portavoz del PP en la comisión de control de RTVE, como el encargado de

cobrar las comisiones. José María Caballero, fiscal jefe que investiga el

caso en la Audiencia Provincial, podría hacer pública esta semana

actuaciones judiciales contra algunos de los implicados. La oposición cifra

en unos 1.500 millones de pesetas el daño hecho a las arcas públicas.

 

CASO SOLLER

El ex presidente de Baleares y del PP Balear Gabriel Cañellas, el ex

consejero de Obras Públicas Jerónimo Saiz, el ex gerente del PP José Antonio

Beristain y el empresario Antoni Cuart, propietario de la empresa que

recibió la concesión de la obra del túnel de Sóller, fueron absueltos en

julio pasado del delito de cohecho, cometido en 1988, porque el Tribunal

Superior de Justicia de Baleares consideró que ya había prescrito. Cuart,

Cañellas y su esposa, Amparo Rotger, eran propietarios de la empresa

Salinera Española cuando se concedió la licencia de construcción del túnel a

una firma de Cuart llamada Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller. En

esta misma sentencia, se admite que Cuart entregó a Cañellas 50 millones de

pesetas, pero consideró que la concesión de la obra había sido "justa y no

delictiva". La instrucción puso al descubierto pagos irregulares, varios de

ellos destinados al PP, y una factura falsa de 140 millones en la

contabilidad de la constructora de Cuart. También permitió conocer que la

Fundación Illes Balears, creada y controlada por Cañellas, había ingresado

más de mil millones en seis años.

 

LAS TRAGAPERRAS DEL PNV

Esta trama fue descubierta en 1990 por miembros del sindicato ESAN de la

Ertzaintza que habían trabajado en el departamento del Juego del Gobierno

vasco. El presunto fraude consistía en conceder licencias de máquinas

tragaperras sin seguir los cauces legales. El número de licencias pudo ser

de 6.000, vendidas a medio millón cada una. De ser cierto, el PNV ingresó

3.600 millones. El principal implicado en este escándalo fue José Joaquín

Ortuondo, que dirigía el departamento del Juego. La juez instructora del

caso lo cerró en junio de 1993 al no hallar "indicios racionales" de que se

hubiera cometido un delito.

 

El escándalo estalló en diciembre de 1989, cuando Jaume Sentís, ex director

financiero de Casinos-Inverama, denunció que el presidente de la sociedad

Artur Suqué desvió unos 3.000 millones de pesetas, mil de los cuales habrían

ido a parar a manos de altos cargos de Convergència, presidida por Jordi

Pujol. El pasado mes de julio el juez Ramon Gomis archivó la causa. A pesar

de que en su sentencia afirmaba que "se deduce razonablemente" que CDC se

había financiado con dinero de Casinos-Inverama, citaba un fallo del

Tribunal Supremo que declaraba que "en el derecho penal vigente no existe el

delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos". Gomis ha

pedido una copia de la reciente sentencia sobre Filesa, emitida por el

Supremo. En medios judiciales se especula con la posibilidad de que reabra

la causa.

 

 

Copyright La Vanguardia 1997

 

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