María Teresa Fernández de la Vega -- Diputada del PSOE
"El proceso de Filesa está cuajado de cosas raras"
MARIA ANTONIA IGLESIAS,
Madrid
Es juez, de profesión y de vocación, desde 1980. A sus 48 años, no le
importa confesar que comenzó "desde
abajo", como secretaria judicial en los años setenta. Fue también
vocal del Consejo General del Poder Judicial, y secretaria de Estado
de Justicia ("viceministra", se la llamaba) con Juan Alberto Belloch
en el último Gobierno de los socialistas. Diputada del PSOE por Jaén,
se define militante de la justicia como servicio público. Sus duras
críticas al PP le llevan a la convicción de que el actual Gobierno no
tiene demasiada fe en el sistema democrático. Cree que la sentencia de
Filesa ha sido excesiva y afirma, sin rodeos, que el fiscal general
del Estado ha pedido la prisión de los condenados por indicación
directa del presidente del Gobierno. Cree que la sentencia de Filesa
ha sido excesiva y afirma sin rodeos que el fiscal ha pedido la
prisión de los condenados por indicación directa del presidente.
Pregunta. El juicio de Filesa, precedido de otros sucesos judiciales
de notable repercusión pública, ha vuelto a actualizar el debate sobre
la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Usted cree que estamos ante un problema que no tiene solución?
Respuesta. Creo que es necesario, y esclarecedor, que cualquier
acontecimiento concreto de la vida judicial lo enmarquemos en el
contexto de lo que realmente está pasando en este país con el
funcionamiento de la justicia. Y también con algo que me parece muy
grave como es la judicialización no ya de la política sino de la vida
social en general, en todos sus ámbitos. Yo creo que éste es un
fenómeno grave y preocupante, que se ha dado también en otros países,
pero que en el nuestro se ha visto notablemente exacerbado por la
llegada de la derecha, del PP, al Gobierno de la nación, por la
implantación de una determinada concepción de las cosas.... El poder
judicial tiene que ocupar el lugar que la Constitución le otorga, que
es un lugar y un papel determinado, pero no otro. Si se contribuye a
que el poder judicial no ocupe ese lugar, sino que exceda de ese lugar
y ese papel, porque existe una tendencia a llevar al ámbito del poder
judicial todos los conflictos que surgen en la vida cotidiana, lo que
estamos haciendo es establecer un desequilibrio entre los poderes del
Estado que, realmente, es muy peligroso para el funcionamiento del
sistema democrático. Y si esto provoca que los problemas que haya
entre la clase política no se solventen en el ámbito en el que se
deben solventar, que es el Parlamento, o la sociedad, y se remiten al
escenario judicial, pues se está contribuyendo, de forma decisiva,
desde mi punto de vista, a que el modelo de nuestro sistema
democrático se rompa...
Usted cree que el Gobierno del PP está propiciando esa ruptura?
Yo creo que es innegable que se ha producido un desplazamiento claro,
una reducción de los conflictos de la sociedad hacia ámbitos, como es
el poder judicial, que no están ni preparados ni pensados para
resolver conflictos que hay que resolver en otros ámbitos. Esto
sucede, sencillamente, porque el PP y el Gobierno de Aznar han pensado
que le es muy rentable, en términos electorales, tratar de llevar a su
adversario político al ámbito judicial, lo que produce una auténtica
perversión del sistema democrático, un deterioro innegable del poder
judicial, una mayor desconfianza, si cabe, hacia la administración de
justicia por parte de los ciudadanos.
Pero usted sostiene una tesis difícil de entender... Es que el actual
poder ejecutivo está haciendo deliberada dejación de su ámbito de
competencias, de su propia soberanía? Con qué objeto?
Está clarísimo: el Partido Popular, y su Gobierno, desconfía de la
clase política, de su capacidad, de su representatividad... Y cuando
no se tiene confianza en los instrumentos de la acción política y no
se cumple el mandato dado por la soberanía popular para tratar de
resolver los conflictos en el ámbito de la actividad parlamentaria,
por ejemplo, la opción que se toma, que toma este Gobierno, es la de
enviar todos los conflictos al ámbito de los jueces... Por otra parte,
también es evidente que el Gobierno considera que le es más rentable
llevar los conflictos políticos a unas mecánicas que son distintas a
las mecánicas ordinarias. Eso lo estamos viendo en los últimos tiempos
de forma evidente y en una estrategia bien fácil de comprender: los
tiempos del poder judicial no son los tiempos del poder político.
Ahora, por ejemplo, con el juicio de Filesa, estamos hablando,
recuperando asuntos que son de hace diez o doce años, que corresponden
a una determinada etapa de la sociedad española, en la que todos, no
es que queramos pasar página para olvidarla, porque hay que aprender
de ella para corregir errores. Pero, claro, cuando esos conflictos se
llevan al ámbito del poder judicial porque se piensa que llevándolos a
ese ámbito resultan muy rentables porque duran mucho en el tiempo y
políticamente perjudican al adversario...
Sin embargo ha sido el PP quien ha planteado establecer garantías para
que los jueces que han optado por la actuación política no puedan
volver a la vida judicial sino con muchas cautelas, no?
La derecha parte de un concepto tan equivocado como peligroso: esto
es, que la política contamina al que la ejerce, al que la elige... Y
eso es algo que manifiesta una desconfianza sintomática respecto a la
verdadera naturaleza de la política en un sistema democrático.
Desgraciadamente ese planteamiento, lleno de confusión y
contradicciones, es un planteamiento que yo calificaría de amarillo y
que, gracias al PP, ha calado mucho en la sociedad que, incluso
inconscientemente, llega a reaccionar muy regresivamente, muy
agresivamente, contra la política y los políticos. Y yo no puedo
aceptar que la actividad política, que es la honorable vocación de
mucha gente que nos dedicamos a defender y representar los intereses
de los ciudadanos que nos votan democráticamente, sea una actividad
que contamina... Deslegitimar a un juez, convertirle en sospechoso
precisamente porque ha optado por la actividad política en alguna
etapa de su vida me parece absurdo y muy peligroso.
Jueces comprometidos
Pero usted es juez. No está haciendo una apuesta corporativa por el
angelismo de los jueces que no necesitan ningún tipo de control?
No es eso, no es eso... Primero yo insisto en que a mí esa necesidad
que siente el PP de descontaminar de la política a un juez que regresa
a su actividad profesional me parece innecesaria y peligrosa: yo
quiero jueces muy contaminados de la política, de la realidad social,
no metidos en una urna para ser reverenciados desde la santa cosa
juzgada, inapelable, distante... Pero es que además para garantizar la
imparcialidad de un juez, que ha ejercido la política, hay otros
muchos mecanismos de control que no son los radicales y tremendistas
que ha impuesto el PP. Unos mecanismos que el Consejo General del
Poder Judicial podía haber establecido destinando a los jueces que
regresan de la política a responsabilidades apartadas de los ámbitos
de interés que haya ejercido como político. Pero es que, además, el
Gobierno tampoco cree ni apuesta por el poder judicial, por su pureza
e independencia, más que cuando le interesa. Y no duda en atacarlo, y
ferozmente, cuando piensa que perjudica a sus posicionamientos
estratégicos. Por ejemplo, el presidente de la Sala 2a. del Tribunal
Supremo, José Augusto de Vega, es un mal juez y un vendido cuando se
toma la decisión de no citar como testigo a Felipe González en el
sumario del GAL y es aplaudido y alabado cuando se produce la
sentencia de Filesa.
Volviendo al juicio de Filesa. Su denuncia de la judicialización de la
política, en relación a este caso, precisamente, no está apostando
por la impunidad de los delitos cometidos por los condenados?
En absoluto. Nosotros no defendemos, ni pretendemos la impunidad de
los delitos, ni por supuesto que haya privilegios de ninguna clase. Lo
que pasa es que el poder judicial tiene unas reglas de funcionamiento
distintas a las del poder político. Y cuando se pervierte el sistema
es cuando se llevan al debate judicial instrumentos que son propios
del debate político. Y creo que ahí se ha producido algo muy grave,
como es el ejercicio de la acción popular por parte del PP, que no ha
dudado en utilizar un instrumento constitucional como elemento de
agresión contra el adversario político de forma abusiva y reiterada.
Yo plantearía claramente una cuestión clave, es que es función de los
partidos políticos el ejercicio de la acción popular? Yo creo que no.
Usted cree que el PP ha contribuido a incrementar la presión social
respecto a un juicio tan público y notorio como ha sido el de Filesa?
El poder judicial tiene sus mecanismos y la acción de la justicia es
implacable y sigue sus propios procedimientos, con lo que los
resultados finales no deben estar condicionados porque haya una acción
popular de una manera o de otra. Lo que pasa es que se ha producido un
debate público que es el que pervierte el sistema. Porque ante la
opinión pública lo que ha aparecido es que hay unos buenos que
persiguen a unos delincuentes que son sus adversarios políticos en el
foro.
Usted cree que esa presión social ha podido influir, en alguna
medida, en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo?
Yo no puedo admitir eso, no puedo admitir el que los jueces... La
presión ha existido, vamos a ver... La presión ha existido porque se
ha hecho un juicio paralelo en la sociedad y se ha ensalzado un auto
que gustaba y luego se la criticado otro auto que no gustaba. Yo creo
y pienso que las presiones son resistibles, que las presiones, que las
ha habido, y muy claras, no facilitan la labor del juez y tampoco han
ayudado a la credibilidad de su actuación. Pero no hasta el punto de
influir en el resultado final.
Como juez, le parece a usted una sentencia justa?
Respecto a la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo destacaría
dos aspectos que, cuando menos, sorprenden... Uno, lo excesivo porque
creo que son unas penas absolutamente desproporcionadas y cuya
aplicación no puedo compartir. Y luego hay también cosas también muy
sorprendentes como son algunas calificaciones jurídicas que a mí, al
menos, me sorprenden enormemente.
Por qué?
Porque en la asociación ilícita parece que se ha aplicado un tipo
autónomo de asociación para delinquir a una actuación de una
pluralidad de personas... Yo esto es la primera vez que lo veo, no
conozco ningún otro precedente, pero me imagino que éste puede ser uno
de los puntos que se van a plantear ante el Tribunal Constitucional.
Usted cree que los recursos podrán demostrar que se han vulnerado en
la sentencia derechos fundamentales?
La verdad es que sin conocer el proceso por dentro es muy difícil
hacer determinadas valoraciones... Pero por lo que hemos visto... a
mí, por ejemplo, ya he dicho que me sorprende, enormemente, la
calificación jurídica a la que me he referido de asociación ilícita.
Por lo demás, el proceso está cuajado de cosas raras. Puede haber
vulneración de derechos fundamentales como la posible vulneración del
principio de tipicidad.
Algunos juristas hablan, en privado, de prevaricación...
Creo que a los jueces no se les ha debido presionar tanto como se les
ha presionado... Pero estoy convencida de que no se han dejado
presionar, espero y deseo que no se hayan dejado presionar, creo que
han actuado con el criterio que han considerado oportuno. Que las
presiones hayan sido realmente irresistibles? Yo sigo esperando que no
haya sido así... Pero bueno, también pongo de manifiesto, ya lo he
dicho, que me sorprende la dureza de las penas ... Y lo que ya no
entiendo en absoluto es la actuación que ha tenido el Tribunal Supremo
respecto a la no suspensión de la sentencia y ordenando el ingreso de
los condenados en prisión. Es verdad que la ley le permite al tribunal
actuar como lo ha hecho, pero también es cierto que no todo lo que
está ajustado a derecho es lo justo, lo equitativo o lo razonable...
Con la misma ley, se podía haber llegado a un resultado distinto que
hubiera sido más ecuánime y más en consonancia con otros precedentes.
Pero, sobre todo, me parece desmedida la decisión, porque los
condenados han demostrado, claramente, que no tienen la más mínima
intención de evadir la acción de la justicia. Ahora, también es
evidente y manifiesto que el fiscal no se lo ha puesto fácil al
tribunal porque él ha pedido que se ejecute la sentencia. Lo que no
hace sino aumentar las sospechas del origen de las actuaciones en el
ámbito de los procesos relacionados con la política.
Está sugiriendo que el fiscal ha pedido la prisión de los condenados
por indicación expresa del Gobierno que preside Aznar?
Desde luego, el fiscal ha pedido la prisión de los condenados por
indicación expresa del Gobierno. Podía haber evitado esa petición . Yo
al menos así lo pienso. El presidente del Gobierno ha estado haciendo
una instrumentación política, permanente, del proceso de Filesa, una
instrumentación que culmina con un acto de supremo cinismo con el
anuncio de un indulto, de un perdón que, sin duda, habrá valorado como
un gesto de magnanimidad de claro interés electoral. A mí me parece
verdaderamente repugnante. Y, respetando a quienes se acojan a la
medida de gracia, expreso mi admiración por quienes no pidan el
indulto, como José María Sala. Porque él lo que quiere es justicia y
no perdón.
"A la ministra sólo le preocupa el fiscal general"
M. A. I., Madrid
María Teresa Fernández de la Vega apuesta por una expeditiva receta
para acabar con el "protagonismo patológico" de los jueces-estrella
que han alcanzado pública notoriedad en los últimos años: "Hay que
plantearse la supresión de la figura del llamado juez de instrucción,
porque su configuración y sus competencias inciden de forma anómala en
el proceso y no garantizan la configuración de un sumario
correctamente instruido".
Por qué ese protagonismo de determinados jueces de instrucción?
Porque su propia configuración como juez que investiga y el
solapamiento de funciones con los fiscales (aunque teatralmente se
repartan los cometidos) le han atribuido un enorme poder... Ya sólo el
calificativo de juez instructor, a un juez que por esencia juzga y
ejecuta lo juzgado, es tanto como el reconocimiento de un juez
detective o juez policía, cuando su misión es realmente otra, porque
el juez instructor ni juzga ni ejecuta lo juzgado. Pero, a la hora de
la verdad, nos encontramos con la paradoja de un juez formalmente
independiente pero materialmente parcial, es decir, con interés en el
resultado final del proceso debido a la posición que él ocupa.
Descrédito
Qué juicio le merecen las guerras que enfrentan a jueces y fiscales,
que obligan incluso a la intervención del Consejo y hasta de terceros
jueces en liza?
Pues me produce una absoluta repulsa personal y una enorme
preocupación por el descrédito que esas actuaciones provocan en el
ciudadano ... Es un proceso que acaba en la deslegitimación de esos
jueces pero que también salpica a todos los demás . Es verdad que el
Consejo ha intervenido en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de
Gómez de Liaño, pero a veces yo he echado de menos una mayor
contundencia.
Ustedes los socialistas son muy críticos con la ausencia de una
política de justicia por parte del Gobierno. Pero los males que
denuncia el Libro Blanco no son de ahora, no?
Es verdad que cuando nosotros dejamos el poder todavía quedaban muchas
cosas por hacer . Pero también es cierto que cuando llegamos tuvimos
que abordar problemas estructurales muy graves, incluyendo la
adecuación del propio sistema judicial a las exigencias de la
Constitución. Nunca se podrá decir que nosotros no actuamos, no
tomamos decisiones. Lo malo de la situación actual es que la ministra
de Justicia, que dirige un departamento gris y anodino poblado de
gentes carentes de iniciativa, y de más que dudoso talante democrático
, no ha tomado todavía ni una sola decisión que pueda definir su
actuación fuera de la atonía y de la mediocridad. Lo único que parece
preocuparle es el control del fiscal general del Estado.
Pero el PP aboga por su independencia para evitar los excesos de la
etapa socialista. Por qué se oponen a ese planteamiento?
Yo creo que el PP dice una cosa y hace otra... Ellos abogan por una
independencia respecto del Gobierno, porque consideran que el poder
ejecutivo es un poder malo, sospechoso, potencialmente al borde del
delito. Pero es una actitud hipócrita. Porque en año y medio de
legislatura, el Gobierno ha nombrado ya a tres fiscales y, bueno, ahí
están sus actuaciones en las que por ejemplo este último fiscal no es
que reciba órdenes del Gobierno, es que está en tal sintonía con él
que se adelanta a sus propias decisiones y deseos. Nosotros creemos
que la independencia del fiscal no se define por un estatuto más o
menos formal, sino en una correcta actuación como ejecutor de la
acción penal, pero controlado por el Ejecutivo. Nosotros no creemos
que la política contamine si se sirve a los intereses generales. Ellos
sí. Ellos sabrán por qué...
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