LA EXTRADICIÓN DE PINOCHET
¡Ojalá Franco hubiese sido detenido en un país extranjero aprovechando una demanda contra él!

No hay duda de que Pinochet debe ser juzgado. Por romper su juramento de lealtad a la Constitución de la República de Chile. Por traicionar al presidente Allende y llevarle al suicidio. Por atentar contra la democracia y arrebatar los derechos y libertades a sus conciudadanos. Por su responsabilidad directa en miles de asesinatos, encarcelamientos sin juicio, procesos sin garantías y torturas sanguinarias. Delitos que no deben quedar impunes.

Lo mejor hubiese sido que se hiciese justicia en Chile. Pero no pudo ser porque el dictador chileno lo dejó todo mejor atado que Franco. También hubiese sido preferible que Pinochet fuese juzgado por el Tribunal Penal Internacional, pero su creación es muy reciente. Por ello debemos apoyar que sea juzgado en España, cuyos tribunales son competentes para ello, como ha acordado por unanimidad la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por si estos argumentos no fuesen suficientes, decenas de víctimas de su régimen dictatorial eran ciudadanos españoles.

No cabe alegar que España no actuó así con Franco. ¡Ojalá Franco hubiese sido detenido, juzgado y condenado por un país extranjero aprovechando un viaje y una demanda interpuesta contra él en ese hipotético país!

El principio de en defensa de los derechos humanos es de enorme importancia. Un precedente de estas características puede evitar asesinatos, torturas y vejaciones al saber los dictadores que a partir de ahora no podrán refugiarse en ningún lugar de la tierra. Una señal clara e inequívoca que no debe verse hipotecada por intereses políticos, económicos, militares o de otra índole.

El Gobierno español debe tramitar la extradición de Pinochet con urgencia. ¡Faltaría más! Pero el señor Aznar debe responder sobre su responsabilidad al nombrar y mantener en sus puestos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y al propio fiscal general del Estado, que le ha amparado en todo momento. ¿Cómo es posible que un gobierno democrático, que se dice de centro, encomiende la defensa jurídica de los intereses generales a personas que creen que las dictaduras son desarreglos transitorios menores o que no deben perseguirse delitos cometidos contra españoles fuera de nuestro país? Muchos desconfiábamos de la cultura democrática de algunos dirigentes de la derecha española, pero este triste episodio no deja lugar a dudas: el barniz centrista oculta una madera autoritaria. De no ser así, ni Fungairiño ni Cardenal hubiesen sido nombrados o, en todo caso, hubiesen sido destituidos de inmediato al conocerse su posición respecto al caso Pinochet.

Otros deberían responder también por la incitación, el apoyo, la colaboración o la comprensión del golpe de Estado de Pinochet. Alguno incluso llegó a ser conseller de la Generalitat. Pero lo urgente hoy es apuntar al responsable del horror, lo necesario es juzgar y condenar a Pinochet.

MIQUEL ICETA LLORENS diputado socialista por Barcelona