VOLVER A EMPEZAR
Artículo publicado el 21 de diciembre de 2000 en la edición catalana del diario El País

Los ciudadanos quieren que acabemos con el terrorismo cuanto antes. Reclaman, en primer lugar, eficacia. Política y policial. Reclaman que haya una estrategia común de los demócratas frente al terrorismo, porque la división de los demócratas sólo beneficia a los violentos. Y muchos ciudadanos creen también que la paz llegará como último eslabón de un largo proceso, a través de un diálogo con quienes causan el dolor que nos aflige. Un diálogo que sólo puede producirse a partir de que los terroristas y quienes les amparan renuncien definitivamente a la violencia.

Estas premisas fueron las que hicieron posibles los pactos de Madrid, Ajuria Enea y Pamplona. Y hoy se añoran esos tiempos de unidad democrática frente al terrorismo etarra que, aún causando mucho dolor, era incapaz de sumirnos en el desánimo. Hoy el terrorismo no es más fuerte que entonces aunque siga matando, pero el desánimo social es mayor. Y el motivo no es otro que la división y la ausencia de diálogo entre los demócratas.

Muchos factores debilitaron esos añorados pactos hasta llegar a finiquitarlos. Citaré sólo algunos: los relativos a los crímenes del GAL, tanto por haberse producido como por ser utilizados años después como factor de erosión del gobierno; o, en otro orden de cosas, el abandono por parte del PP del principio de reinserción de los terroristas que abandonasen la violencia al reclamar el "cumplimiento íntegro de las penas". O aquellas declaraciones de Aznar tras el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, diciendo que las manifestaciones de repulsa iban contra ETA pero también contra el gobierno.

Pero la puntilla a Ajuria Enea la pusieron EA y PNV en Lizarra. Buscando un atajo para incorporar a HB-EH a las instituciones vascas y configurar en ellas un frente nacionalista, se suscribió un pacto que tenía como premisa la voluntad de sus firmantes de marginar a las fuerzas no nacionalistas de la construcción del futuro de Euskadi. Ése era el precio de la tregua. Y, como la propia ETA afirmó al volver a matar, para los terroristas el acuerdo de Lizarra sirvió al objetivo de justificar sus acciones violentas, pasadas y futuras.

Espoleado por un discurso fuertemente unitarista y la acusación a todos los demás partidos de carecer de "proyecto nacional para España", el PP orientaba la lucha antiterrorista desde la premisa de que sólo una derrota política de los nacionalistas vascos allanaría el camino hacia la derrota de los violentos.

El asesinato de Ernest Lluch y el clamor popular a favor del diálogo entre los demócratas propiciaron un nuevo clima. Había que volver a empezar, a sabiendas de que muchas cosas habían cambiado. Y el primer paso, fundamental aunque insuficiente, era un pacto PP-PSOE que hasta hace pocas semanas era considerado innecesario por el propio Aznar y, más tarde, era supeditado por Arenas a un acuerdo post-electoral en el País Vasco para desalojar a los nacionalistas del gobierno. El acuerdo finalmente se ha producido sin supeditación a pacto post-electoral alguno. Y es un acuerdo abierto a todos los que condenan sin paliativos la violencia.

Lamentablemente, no se dan aún las condiciones para un acuerdo político de fondo con los nacionalistas vascos demócratas. El obstáculo no es otro que Lizarra. Muchos de los que critican el acuerdo PP-PSOE se centran precisamente en su preámbulo. Sin necesidad de defender su literalidad, comparto plenamente la idea de que ni PP ni PSOE pueden llegar a acuerdo político alguno en Euskadi con un Partido Nacionalista Vasco y una Eusko Alkartasuna anclados en Lizarra. Abandonar Lizarra es abandonar la idea de que el futuro del País Vasco se puede construir sin los no nacionalistas. Abandonar Lizarra es abandonar la idea de que se puede dialogar con los violentos sin que éstos abandonen previa y definitivamente la violencia.

Ése es el compromiso adquirido entre PP y PSOE, y a ambos partidos obliga. La política de defensa de las libertades y de lucha contra el terrorismo viene definida por los 10 puntos del acuerdo que concitan un consenso más amplio.

Los 10 puntos del acuerdo precisan una política que todos los demócratas debieran compartir. El acuerdo implica un compromiso de trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política de la violencia, afirmando también que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno. Recupera el compromiso de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece la Constitución. Cierra el paso a reformas penales injustificadas, y apuesta por el diálogo entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en la Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia.

Contra lo que se ha dicho, el acuerdo no exige a los nacionalistas que dejen de serlo, ni excluye a quienes cuestionan la Constitución y los Estatutos de Autonomía, ya que en su punto tercero se admite la legitimidad de cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional, siempre que respeten las reglas y los procedimientos en él establecidos.

Así, este acuerdo es un primer paso imprescindible. A partir de aquí, debemos ser capaces de desarrollarlo, y de abrir el diálogo y extender el acuerdo a todos los demócratas. Por ello pedimos a los nacionalistas que sigan el consejo de José Luis Rodríguez Zapatero: que lean con detenimiento los 10 puntos del acuerdo, que reflexionen sobre su responsabilidad en la construcción colectiva de la paz, que hagan aportaciones positivas, que seamos capaces entre todos de dar continuidad al clamor ciudadano a favor del diálogo, la libertad y la paz.

Miquel Iceta i Llorens, Portavoz del PSC